Por Adrián Zamora
En Buenaventura, el puerto más estratégico de Colombia sobre el Pacífico, se libra una guerra que no enfrenta al Estado contra un cartel, sino a dos ejércitos criminales: Los Shottas y Los Espartanos. Su genealogía nos remite a la era del Plan Colombia y a la Base de Manta en Ecuador, que durante una década fue el ojo de Washington en la región. El cierre de esa base en 2009 por parte del gobierno de izquierda de Rafael Correa fue celebrado como gesto de soberanía, pero dejó un vacío que se llenó con fuego cruzado. Lo que hoy ocurre en Buenaventura es el coletazo de aquella decisión estratégica.
La paradoja comenzó con la estrategia de “descabezar” organizaciones. El golpe contra “La Empresa”, heredera del Bloque Calima, logró capturas y extradiciones de sus líderes, pero no desarticuló su estructura social y económica. Al contrario, forzó al crimen a adaptarse: las células más resistentes sobrevivieron y se multiplicaron. Con la caída de los hermanos Bustamante, la organización se reconfiguró como “La Local”, menos vertical, más fragmentada y por tanto más difícil de controlar.
El contraste con el pasado es evidente. En la era de Manta, el enemigo tenía un rostro identificable; hoy es una constelación de facciones difusas. Los Shottas, con unos 700 miembros, actúan con disciplina militar; Los Espartanos, con cerca de 500, operan como federación descentralizada. Ambos han expandido sus redes a Chile y establecido alianzas con cárteles mexicanos y con la ‘Ndrangheta italiana. La fragmentación no debilitó al crimen, sino que antes lo multiplicó y le dio alcance transnacional.
Frente a ello, la nueva doctrina de intervención directa de Washington, avalada bajo la administración Trump, pretende responder con fuerza militar. Sin embargo, atacar redes descentralizadas es como disparar al agua: las ondas se expanden y generan efectos colaterales imprevisibles. Una incursión podría neutralizar temporalmente a una facción, pero sin alterar la demanda global de cocaína ni la capacidad de las mafias internacionales para sustituir proveedores. En el peor de los casos, podría unificar a los rivales en un frente común.
Entonces, cabe preguntarnos hasta qué punto los gobiernos que cierran espacios de cooperación internacional, en nombre de la soberanía, dimensionan las consecuencias de seguridad que dejan atrás. ¿Qué responsabilidad tienen aquellos que, desde la retórica antiestadounidense, abrieron vacíos ocupados luego por mafias globales?, ¿podrán los liderazgos latinoamericanos superar la tentación de las consignas políticas para enfrentar con realismo una criminalidad que ya no reconoce fronteras?
El coletazo de Manta nos enseña que descabezar grupos sin atender sus raíces produce guerras más feroces. Lo urgente, entonces, es reconstruir el Estado allí donde aún prevalece el crimen como autoridad de facto.
Adrián Zamora