Por María Fernanda Penilla
Hace pocos días conocimos la decisión mediante la cual se impuso una sanción (pena) de 7 años privado de la libertad al menor de 15 años que asesinó a Miguel Uribe Turbay, Senador de la República y precandidato presidencial. Sentencia que volvió a causar revuelo y puso nuevamente sobre la mesa la responsabilidad y las consecuencias que debe tener un menor de edad que comete un delito.
En Colombia, los menores entre 14 y 18 años son llamados adolescentes y estos son cubiertos por normas especiales, entre ellas, por el Código de la Infancia y la Adolescencia. Dicho código (Ley 1098 de 2006) señala que, en caso de delitos cometidos por menores de edad, el proceso y las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado, donde si el acto es cometido por un menor de 14 años la medida judicial tomada será el restablecimiento de sus derechos, y si se trata de un menor entre 14 y 18 años, será sanción más no una pena. Además, señala la prohibición que el menor de edad quede con antecedentes judiciales por la sanción impuesta con ocasión de la comisión de delitos.
Señala la norma mencionada que, si la sanción se trata de privación de libertad, ésta se dará en centro de atención especializado, cumpliendo con los programas de atención especializados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y, se debe asegurar que el adolescente esté vinculado al sistema educativo; dado que cualquier medida que se tome, tiene una finalidad protectora, educativa y restaurativa. Para el caso del homicidio doloso, secuestro o extorsión, señala la norma que, la sanción será la privación de la libertad en centro de atención especializada entre 2 y 8 años, siendo en todo caso prohibido el cumplimiento de la sanción en sitio donde estén pagando su pena personas mayores de edad.
Es claro que, todas estas medidas obedecen a tratados internacionales donde el estado colombiano se ha comprometido a proteger a los menores infractores, pero, ¿la sociedad piensa y siente igual? ¿Los colombianos sentimos y estamos de acuerdo que un menor de 15 o 17 años, cuando toma un arma de fuego y mata a alguien no sabe lo que hace? Mucho pensamos que, si bien el estado debe garantizar a todos el acceso a oportunidades educativas, de alimentación, laborales, entre otros, este tipo de medidas solo facilitan que los grupos delincuenciales usen a los menores de edad para la comisión de delitos. Sin que sea justificación, es claro que es muy fácil convencer a un menor de edad que no estudia, que no ve un futuro claro, que seguramente tiene dificultades económicas y familiares, para que cometa un delito, que será entrenado y bajo promesas de un buen pago, cuando a la vuelta de máximo 8 años, en el evento de ser capturado, quedará en libertad y sin antecedentes; pero lo que no sabe, por su inocencia y desconocimiento por la corta edad, es que en la gran mayoría de casos, es asesinado después de cometer el crimen y sin pago alguno.
Actualmente cursa, nuevamente, en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca modificar estas medidas consideradas por muchos como “permisivas”, para endurecerlas y que estos adolescentes, en determinados delitos o conductas, sean juzgados como los mayores de edad. Sobre ello estoy de acuerdo, aunque no lo veo viable por el respeto que debe tener Colombia con los tratados internacionales que ha suscrito, pero que de manera innegable este cambio normativo, de darse, tendría que ir acompañado de medidas que permitan que realmente el adolescente se “resocialice”, que logre continuar su proceso educativo, que tenga un acompañamiento psicosocial junto con su familia, que logre tener oportunidades para que en un futuro pueda aportar al desarrollo del país y que no salga después formado en escuela especializada del crimen como son muchas cárceles en nuestro país, lo que exige que efectivamente cumpla su pena en centro especializado. Por tanto, es importante penas ejemplarizantes, pero de la mano con un verdadero proceso de resocialización, protección de derechos y restauración.
Autorizada por Cali24horas
María Fernanda Penilla