Por: María Fernanda Penilla
Hace pocos días se conocieron las primeras condenas, después de 9 años, que emite la Justicia Especial para la Paz – JEP, donde condenaron a siete miembros del Secretariado de las FARC-EP, por los secuestros cometidos entre 1993 y 2012. Por haber sido los determinantes, al ser los cabecillas de este grupo guerrillero, de más de 21.000 secuestros, fueron condenado a 8 años de prisión, pena máxima permitida en la JEP. Aquí cabe recordar que dentro de las obligaciones dentro de esta justicia está también la reparación, de la cual no se ha hablado aún y que las propuestas hasta ahora conocidas son de trabajos sociales que no reparan en nada a las víctimas.
Muchos se molestaron y mostraron indignación porque se tituló en medios como fallo histórico, pero en realidad sí lo es, no por bueno o justo, sino por ser el primero después de 9 años que la JEP lleva funcionando, por ser la primera vez que un jefe guerrillero es condenado por un delito considerado de lesa humanidad, por un crimen de guerra; algo que nunca se logró por décadas con la justicia ordinaria. Ahora, que si la pena es justa o no, es otro asunto. Y claro que no es justo, las expresiones de rechazo frente a la sentencia no se hicieron esperar, no solo de la ciudadanía en general, sino de las víctimas del secuestro. Privar de la libertad a una persona y pedir dinero a cambio por ella, es de los hechos más atroces que podemos tener como humanidad, la libertad es sagrada, es un derecho inherente al ser humano, y cuando el secuestro se acompaña de hechos crueles, maltrato, abusos, es más aberrante aún.
Pero bueno, es que los antecedentes de todo esto son así, extraños, mal hechos, atropellados, basados en algunas mentiras hacia la ciudadanía. Es que no podemos olvidar que el proceso de paz inicia con un plebiscito en 2016 donde Colombia fue consultada sobre si refrendaba los acuerdos de paz con las FARC, y la respuesta de más del 50% de los colombianos fue que NO lo refrendaban; pero a pesar de ello, el presidente de aquel entonces, Juan Manuel Santos Calderón, siguió adelante con el proceso y los acuerdos. Y el NO de los colombianos no obedecía a que no se quería la paz, obedecía a la falta de claridad del proceso mismo, a algunas medidas o prebendas que no se consideraban viables o justas. En la ´campaña´ del plebiscito, el presidente Santos explicaba, por ejemplo, que no habría curules directas para los miembros de las FARC, que para tener curules debían someterse a proceso electoral como cualquier colombiano, y no fue así, porque al final sí tuvieron curules directas por dos periodos, que por cierto, están a punto de terminar.
Y es que la misma JEP fue uno de los motivos por los que Colombia dijo que NO. La mayoría de los colombianos no ven como justo que la fuerza pública, policías y militares, fueran juzgados por la misma jurisdicción, no ven con buenos ojos que sean equiparados fuerza pública y guerrilleros. Y ello no implica que se pretenda impunidad para miembros de la fuerza pública que durante la guerra o conflicto interno colombiano que hayan cometidos crímenes no paguen por ellos, para nada, solo que se prefiere una jurisdicción diferente.
Y así tuvimos un proceso de paz mal hecho, en contravía de la decisión democrática de la mayoría, que nos tiene divididos y polarizados desde aquel entonces. Un proceso paz incompleto que dejó unas disidencias que hoy tienen en jaque muchas regiones del país, como el suroccidente colombiano. Un proceso de paz que no incluyó a todos los grupos guerrilleros, teniendo hoy más vigente y fuerte que nunca al ELN, porque el hoy presidente Petro prometió en campaña que en 3 meses tendría desmovilizado al ELN y ya pasaron más de 3 años y ello no sucedió. Es que definitivamente, lo que empieza mal, termina mal.
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María Fernanda Penilla