Los números arrojados por la Superintendencia Financiera son un espejo de la realidad crediticia colombiana: una tasa de interés bancario corriente del 16,52% para créditos de consumo y una tasa de usura escalofriante del 24,78%. Estas cifras, que parecen frías estadísticas, en realidad avivan un debate ardiente sobre la inclusión financiera, el acceso al crédito y el perverso impacto del crédito informal en la vida de millones de colombianos. En un país que busca reducir la pobreza y la desigualdad, la forma en que los ciudadanos acceden al dinero es una pieza clave del rompecabezas social.
Entendamos las cifras. La tasa de interés bancario corriente (TIB) es la media ponderada de las tasas que los bancos cobran por los créditos de consumo. Un 16,52% anual es una cifra considerable, especialmente si la comparamos con economías desarrolladas. Esto significa que endeudarse para consumo en Colombia sigue siendo caro. Detrás de este porcentaje están las decisiones del Banco de la República (como vimos en el punto anterior) de mantener tasas de política elevadas para controlar la inflación, lo que se traduce directamente en un costo más alto del dinero para el usuario final.
Pero la cifra que realmente enciende las alarmas es la tasa de usura: 24,78%. La usura es el límite máximo que las entidades financieras pueden cobrar por un crédito. Superar este umbral es ilegal. Una tasa de usura tan elevada, aunque busca proteger al consumidor de cobros excesivos, también es un síntoma de un mercado crediticio con riesgos percibidos altos y, en algunos casos, con poca competencia en segmentos específicos. Lo preocupante es que, a pesar de este límite, el crédito informal y los “gota a gota” florecen en el país, ofreciendo dinero fácil a tasas que superan con creces el umbral legal, atrapando a los más vulnerables en un círculo vicioso de deuda.
Aquí es donde entra en juego el debate sobre la inclusión financiera. En Colombia, un porcentaje significativo de la población sigue excluido o sub-incluido del sistema bancario formal. Para ellos, acceder a un crédito en un banco tradicional es casi imposible debido a la falta de historial crediticio, bajos ingresos o ausencia de garantías. Esta brecha es un caldo de cultivo para el crédito informal. Cuando el acceso al crédito formal es difícil o muy costoso, las personas, especialmente en momentos de necesidad o emergencia, recurren a prestamistas informales, quienes operan al margen de la ley y cobran intereses exorbitantes que pueden superar el 100% o incluso el 200% anual, a menudo con métodos de cobro violentos.
El impacto del crédito informal es devastador. No solo empobrece a las familias, sino que también alimenta redes criminales y desestabiliza comunidades. Es una herida abierta en el tejido social colombiano. Si bien la Superintendencia Financiera y el Banco de la República regulan el sistema formal, el verdadero desafío está en cómo llevar a los millones de colombianos al sistema formal, ofreciéndoles productos crediticios que sean accesibles, justos y que promuevan su bienestar económico.
Las decisiones sobre las tasas de interés no son solo números; tienen un rostro humano. Afectan la capacidad de una familia para comprar una nevera, de un joven para financiar sus estudios, o de un emprendedor para iniciar un pequeño negocio. Un crédito caro o inaccesible frena el consumo, la inversión y, en última instancia, el crecimiento económico inclusivo.
¿Qué se puede hacer? La discusión debe ir más allá de la simple fijación de tasas. Es imperativo que el gobierno, los reguladores y el sector financiero trabajen en estrategias integrales para aumentar la bancarización y la inclusión financiera. Esto implica programas de educación financiera, desarrollo de productos de microcrédito adaptados a las necesidades de la población vulnerable, y el uso de tecnologías innovadoras (fintech) para reducir costos y facilitar el acceso. También se necesita una lucha frontal y más efectiva contra el “gota a gota”, combinando la fuerza policial con alternativas financieras reales para quienes caen en sus garras.
En julio de 2025, el escenario de las tasas de interés bancarias y el acceso al crédito en Colombia es un claro recordatorio de que la economía no solo se mide en puntos de PIB, sino en la capacidad de sus ciudadanos para acceder a oportunidades y salir adelante. La inclusión financiera no es un lujo; es un pilar fundamental para la equidad y el desarrollo sostenible de un país que aspira a ser una sociedad más justa. El debate está abierto, y las soluciones urgentes.