Por María Fernanda Penilla
El gobierno de Gustavo Petro no deja de sorprendernos. Con la salida de Juan Carlos Florián como ministro de igualdad, que fue controversial en su momento, entre otras, por violar la ley de cuotas a pesar que se hacía llamar ministra para así suplir la obligación legal de la cuota de género, ahora tenemos el nombramiento de Alfredo Acosta Zapata, como nuevo ministro en su reemplazo.
Acosta Zapata pertenece a la Guardia Indígena del Cauca y es un líder social reconocido en su región. Sin importar su calidad de indígena y sin darle relevancia a sus hechos políticos anteriores, donde ha agredido públicamente a nuestra fuerza pública, en esta ocasión quiero hacer énfasis en su perfil. En una columna anterior hace algunos meses, hablé sobre la importancia del respeto y cumplimiento del perfil de los cargos para acceder al servicio público, puesto que ellos que tienen que ver con los estudios y la experiencia, columna que obedeció al caso de la tan sonada y criticada, Juliana Guerrero, entonces nombrada como viceministra en el Ministerio de la igualdad.
Pues bueno, con el nombramiento del nuevo ministro volvemos a ver cómo el estado de derecho, la supremacía de las normas y el respeto por la legalidad, parecieran no ser prioridad para el gobierno nacional. Que el Ministerio esté creado para proteger poblaciones históricamente discriminadas, vulneradas o en riesgo de vulnerabilidad, como los afro, los indígenas, la población LGTBIQ+, los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes, los habitantes de calle, entre otros, no implica que sea obligatorio que alguien perteneciente a estas comunidades o poblaciones ostente el cargo de ministro. Lo principal, válido y más importante es que cumpla con los estudios y experiencia señalada en el manual de funciones, el cual debe obedecer a estudios técnicos previamente realizados y respeto por normas nacionales sobre las exigencias mínimas para cada nivel jerárquico.
Este tema está regulado a nivel nacional, donde por cada nivel jerárquico, esto es, directivo, asesor, profesional, técnico o asistencial, se exigen unos requisitos mínimos de estudios y de experiencia para acceder a los cargos públicos en Colombia, donde en cada entidad territorial, dependiendo su categoría, se debe plasmar en sus manuales de funciones requisitos en dichos rangos.
En el caso puntual, para un cargo en la Nación de nivel directivo, el decreto 1083 de 2015 señala que se debe tener como mínimo título profesional, título de posgrado en modalidad de especialización y cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada, y el señor Alfredo Acosta, conforme a su hoja de vida publicada por el gobierno mismo, no tiene título profesional ni experiencia alguna en el servicio público. Entonces, criticar su nombramiento no es un asunto personal, no se refiere a su origen indígena, no es un acto de discriminación, no es por sus actuaciones como líder en el pasado, no, se refiere a no respetarse los requisitos legales.
Cuando se nombran personas en cargos públicos sin contar con los requisitos del mismo no solo se viola el régimen disciplinario y hasta puede ser delito, sino que se tira al traste el mérito en Colombia, desmotiva a la población que se ha formado, que se ha esforzado en estudiar y avanzar y escalar en su nivel de estudios. Con toda seguridad este nombramiento será demandado y se sumará a las tantas declaraciones de nulidad que ha tenido que sentenciar la jurisdicción de lo contencioso administrativo por falta de respeto por las normas por parte del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro. Esto no es un asunto político, es un asunto legal, porque jamás podemos olvidarnos que en Colombia somos un estado social de derecho.
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María Fernanda Penilla