El país político no se fundó ayer, por más que la retórica electoral nos quiera vender que cada cuatro años asistimos al nacimiento de un nuevo universo. Las urnas ya hablaron, el polvo de la campaña comienza a asentarse y la realidad nos golpea la cara con la fuerza de un baldado de agua fría: en estas elecciones los colombianos no elegimos a un Mesías; elegimos, simple y llanamente, qué sapo nos tocaba tragar. Guste o no, esa es la verdad desnuda. La democracia no es un idilio de amor ni un contrato de fe ciega, sino un ejercicio pragmático —y a veces doloroso— de evaluación de daños. Muchos ciudadanos acudieron a las urnas con el corazón en la mano y la desconfianza en el bolsillo, tomando una decisión que no nació de la admiración absoluta, sino del cálculo frío ante dos caminos profundamente imperfectos. El voto de millones no fue un aplauso; fue una apuesta para evitar el abismo que consideraban más profundo.
Por nuestra parte, elegimos nuestro sapo sin misticismos. No todo lo construido bajo el techo de la administración de Gustavo Petro merece la demolición absoluta, y sería necio negarlo. Pero cuatro años dan tiempo de sobra para distinguir entre gobernar y narrar que se gobierna.
Ahí es donde el balance se cae a pedazos. Soportamos los escándalos de corrupción brotando como maleza, el fortalecimiento descarado de los grupos armados, una pérdida evidente del control territorial y una política de paz que se quedó atrapada en el plano de las buenas intenciones y los discursos floridos. El país escuchó promesas de transformación profunda y recibió, en cambio, una administración experta en anunciar y floja en ejecutar. Súmele unas finanzas públicas que caminan por la cuerda floja y un paquete de reformas diseñado para engordar al Estado a expensas de la autonomía ciudadana.
Esa era la continuidad que encarnaba Iván Cepeda. Nuestra prevención frente a su proyecto no respondía a un pánico ideológico de manual, sino a una preocupación matemática y cotidiana. El modelo propuesto amenazaba con meter las manos del Estado en el bolsillo de las pensiones, en la gestión de la salud, en el crédito, en la producción y en la energía. La libertad individual no se extingue siempre con un golpe ruidoso o un decreto autoritario; se erosiona despacio, en silencio, cuando el burócrata de turno empieza a decidir por nosotros bajo la promesa de que sabe mejor qué nos conviene.
Ante ese panorama, la opción de Abelardo de la Espriella se impuso para muchos como una urgencia. En la balanza de las imperfecciones, pesó más la necesidad imperiosa de recuperar la seguridad en las regiones, ordenar la caja del país, recortar esa burocracia asfixiante que le pone palos en la rueda al que produce y defender la propiedad privada. Sí, hay un aire de alivio tras su victoria, pero que nadie se confunda en el Palacio de Nariño: Abelardo no es ningún santo, y su triunfo no es un cheque en blanco.
Aquí es donde empieza la verdadera democracia, justo cuando se cierran las urnas. A los gobernantes no se les quiere, se les vigila. Ahora nos toca pararnos firmes para exigir que la bandera de la seguridad no se transforme en excusa para el abuso de poder, que el achicamiento del Estado responda a criterios técnicos y no a caprichos políticos, y que las licencias ambientales y el derecho de las comunidades no terminen sacrificados en el altar del desarrollo exprés. El nuevo gobierno tendrá que explicar, con plastilina y sin rodeos, qué pasará con la cultura, la educación y la ciencia: sectores que no pueden seguir condenados al rincón del olvido.
Y aquí va la advertencia que de verdad importa: si el nuevo gobierno cree que ganar le da licencia para hablarnos en el mismo idioma de trincheras que tanto desgastó a Colombia en los últimos cuatro años, se equivoca de cabo a rabo. Aprendimos, a la fuerza, que un país no se gobierna repartiendo carnets de buenos y de malos según quién vota qué. Ese guion ya lo vimos, y la factura emocional la seguimos pagando todos: una sociedad agotada, suspicaz, que mide cada gesto del vecino como si fuera una declaración de guerra.
Quienes votaron por Iván Cepeda no son los enemigos de la patria ni una horda destructora; son millones de personas que vieron en esa opción el camino más justo para sanar deudas históricas reales. Lo que falló no fue su intención, fue la ejecución de quienes prometieron sanarlas y se quedaron en el discurso.
El mapa que se dibuja a partir de ahora es fascinante y complejo. Con más de 26 millones de votos sobre la mesa, la ciudadanía demostró que no le da pereza participar cuando el futuro quema. Gustavo Petro no se va para su casa a ver televisión; desde el próximo 8 de agosto asumirá su rol natural como jefe indiscutible de la oposición. Su capacidad de influencia y su liderazgo de masas no han desaparecido: se convertirá en el contrapeso más formidable y ruidoso que enfrentará el nuevo Ejecutivo.
Mientras tanto, la izquierda tiene el desafío monumental de sobrevivir a su propia diáspora. El Pacto Histórico mostró los dientes en las urnas, pero mantener unida esa colcha de retazos sin el pegamento del poder presidencial y sin una campaña que los aglutine será tarea titánica. Las fracturas internas y los egos individuales saldrán a flote más temprano que tarde.
La moneda está en el aire, pero las reglas del juego son claras. Cumpla la Constitución y gobierne con rigor, y tendrá el reconocimiento de la ciudadanía. Se equivoque, y sentirá el peso de la crítica. Pero el día que se atreva a cruzar las líneas rojas del poder institucional, nos encontrará en la acera del frente, haciendo oposición sin vacilaciones. Los presidentes pasan, los ciudadanos nos quedamos.
Colombia ya pagó el precio de un país gobernado desde el resentimiento; lo mínimo que le podemos exigir al que llega es que no repita la receta con otro color de camiseta. ¿Será capaz el nuevo gobierno de aprender de lo que el anterior se negó a corregir, o estamos destinados a cambiar de sapo cada cuatro años sin cambiar nunca el estanque?
Daniel Viáfara Barona
